El curro de los derechos humanos

Cuando el 8-12-14 Macri aseguró a La Nación que él terminaría con el "curro de los derechos humanos", no lanzaba una simple provocación verbal para seducir a la clase media indecisa (media idiota diría Minguito), era una promesa de cumplimiento firme que se inició con el protocolo antipiquete. Este protocolo clausuró la única vía posible de peticionar ante las autoridades (derecho constitucional poco grato al "dialoguista"), ya que luego anunciaría su intento de burlar la alternativa parlamentaria vetando el primer proyecto popular (ley antidespido) desde su asunción.
Si acaso quedaba alguna duda sobre su propósito de avasallar los derechos humanos, la decisión tomada por la justicia sobre un pedido del gobierno chileno no deja resquicio para la sospecha. El hecho sucedió luego que la Vicepresidenta dejara entrever su afán de colaborar con el pedido de extradición a Apablaza Guerra, otorgado por Argentina en 2010. Inmediatamente después de su declaración, un grupo de chilenos solicitó al Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, que quitara a Apablaza la protección de la Convención de las Naciones Unidas sobre refugiados. Acto seguido, el aparato judicial (no la justicia) a través del juez José Marinelli del fuero Contencioso Administrativo, abrió la puerta admitiendo el pedido de Chile para apelar el asilo político.
Apablaza Guerra, emigrado a la Argentina en 1993 junto a su esposa, tuvo tres hijos argentinos y vivió en la clandestinidad hasta su detención en 2004. Entonces, la Corte Suprema aprobó la extradición solicitada por la Justicia chilena, pero la Comisión Nacional de Refugiados del Estado le otorgó asilo político en 2010. Chile pretende juzgarlo por la muerte de Jaime Guzmán en un atentado sucedido en 1991. La víctima había sido fundadora de la Unión Democrática Independiente de Chile, uno de los soportes democráticos de la dictadura de Augusto Pinochet, en tanto Apablaza Guerra era miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
Más allá de la responsabilidad o no del imputado en el hecho, cabe señalar la buena disposición del gobierno actual para atender una solicitud ya rechazada en 2010 durante la gestión anterior. Da para sospechar que dos gobiernos sucesivos, dentro del mismo territorio y con el mismo pueblo, parecen representar a dos países distintos, uno respetuoso de las convenciones internacionales sobre derechos humanos, otro que aspira a terminar con ese curro. Por puro sentido común, la supuesta culpabilidad de Apablaza Guerra resulta una mera posibilidad a demostrar, en tanto el genocidio ejecutado durante la dictadura pinochetista fue una dura realidad, con lo cual la extradición no sólo resulta peligroso para el exilado, también confirma la capacidad de Macri para cumplir algunas promesas, no todas. La poca atención dispensada a esta noticia integra el eficiente paraguas mediático del gobierno.