Es tan grosero el traspié de Clarín al denunciar a periodistas partidarios del oficialismo por incitar a la violencia, que también resulta grosero sumarse a la condena. Incluso queda la sensación de que hacerlo implica cierta despersonalización, como si no fuera posible hacer otra cosa que repetir como loro: Debe permitirse la libertad de expresión sin que puede judicializarse ninguna denuncia contra ningún periodista "aún cuando mienta", expresión ésta última de la misma presidenta. Este fanatismo con la libertad de expresión es al menos discutible, algo así como que no es posible hacer nada con la sacrosanta palabra vertida por cualquier representante de la variopinta corporación periodística.
Embozada en el engañoso respeto a la libertad de opinión, pareciera ser que detrás de esta amnistía previa a todos los dichos posibles, se está asegurando impunidad a los dueños de la palabra, únicos con aire y centímetros para verter opinión; porque esos periplos que hacen algunos, micrófono en mano, esos granizos de celular y esos prende y apaga de inimputables, nadie sensato puede calificarlos como democratización de la palabra. Ser más papista que el Papa implica ser más santo que Dios y más demócrata que el voto, una versión posmodernista de la palabra donde nadie puede exigir silencio sin ser considerado fascista.
El periodismo es una profesión, como ser médico, zapatero o taxista; todas con modelos tácitos de buen ejercicio, cuya violación es causal de reclamo y eventual sanción. La mala praxis, la estafa comercial y el mal desempeño de las funciones son figuras que la legislación tipifica como punibles, de modo que el médico no debe equivocarse y matar, el zapatero debe garantizar sus arreglos, el taxista debe llevarnos por el trayecto más corto para no abusar, y un funcionario no puede malversar fondos. ¿Por qué entonces un periodista, que dispone del arma más formidable para distorsionar la realidad en el uso de un medio público destinado a informar, no puede ser sancionado por mentir? Pareciera que el afán de proteger esta profesión, quizás la más sospechada de todas, es garantía de correcto ejercicio democrático. Y no es así. El poder mediático de un periodista lo obliga a ser veraz, caso contrario debe hacerse cargo judicialmente de su mendacidad. Capital lingüístico, expresión atribuible a Paul Bordieu, es un concepto útil a revisar. Y debe interpretarse esta crónica como una convocatoria a la reflexión, no como una afirmación de que tal o cual periodista miente o no, sino que es posible que lo haga - de hecho ocurre - y que en tal caso debiera merecer sanción.
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